La iniciativa pertenece al bloque de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio y destaca en sus fundamentos que se trata de una ley fundamental al incluir en este registro a personas violentas con sentencia firme, que incumplieron medidas preventivas y restrictivas o que dejaron de realizar tratamientos terapéuticos dispuestos desde el ámbito judicial.
En ese sentido, recuerda que el artículo 16º de la norma establece un plazo de 90 días para su reglamentación, período de tiempo ampliamente excedido e incumplido.
El proyecto (14293) ingresó por mesa de Entradas el 26 de abril con la firma de las diputadas Leticia Esteves, Karina Montecinos y los legisladores César Gass, Luis Aquín y Lucas Castelli (JC).
(weblavoz.com)